El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha concretado este miércoles las líneas maestras de la propuesta en materia de vivienda adelantada ayer por el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Serán jóvenes de hasta 35 años y con ingresos que no estén por encima de los 40.000 euros los grandes beneficiarios del plan, según ha revelado Bravo en una rueda de presa contenida en la sede del partido en la madrileña calle de Génova.

En concreto, el plan del PP si llega al Gobierno tras las próximas elecciones contempla la concesión de avalales complementarios del 15% para jóvenes hasta 35 años que quieran acceder a su primera vivienda. Según ha explicado el vicesecretario de Economía del PP, tiende a que sean las comunidades las que concreten el precio máximo de las viviendas que estén sujetas como las ayudas en base a los precios medios que manejen. “No es lo mismo comprar en Madrid que en La Rioja”, ha matizado Bravo.

Del mismo modo, el aval a la fianza de alquiler que propone el PP tendrá que ser consensuado con las comunidades autónomas, quienes también fijarán el precio máximo de las viviendas beneficiarias. Bravo sí ha concretado que la ayuda irá destinada a jóvenes que perciban un máximo de 30.000 euros anuales.

La otra gran base de la propuesta de emancipación para jóvenes pasó por un cheque de un solo sueldo de 1.000 euros. Según explicó Bravo, tendrán derecho todos aquellos jóvenes de hasta 35 años que estén por debajo de 40.000 euros en ingresos. Si esa persona percibiera menos de 30.000 euros cobrará 1.000 euros. Pero entre 30.000 y 40.000, la subvención será progresiva.

El PP calculó que este cheque tendría un coste para las arcadas públicas de 400 millones de euros, mientras que el coste de los avales a la compra de vivienda y la fianza del alquiler se podría elevar a los 70 millones.

El plan también contempla la prórroga del bono joven al alquiler y medidas contra la okupación para proteger a los caseros.

Durante la presentación del plan, Bravo ha vuelto insistió en un gran pacto de Estado por la vivienda, en el que participen comunidades autónomas, ayuntamientos y el sector privado.

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