En la cuenta regresiva para que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva si Cristina Kirchner y sus hijos afrontarán o no el juicio oral en los casos Hotesur y Los Sauces, el Tribunal que con voto mayoritario sobreseyó a la vicio perjudicial que por un año más la AFIP tenga un cargo la veeduría de las empresas familiares investigadas por lavado de dinero. La resolución alcanza también al Condominio Máximo y Florencia Kirchner y el boutique hotel que desde hace seis años permanece cerrado.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) confirmó una serie de resoluciones realizadas por el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, I.informando que colgante doce meses más, las organizaciones recaudadores seguirán teniendo un cargo la veeduría de la inmobiliaria Los Sauces SA, el Condominio que administran los bienes que resultaron de la sucesión del ex presidente Kirchner, el boutique hotel Los Sauces Casa Patagónica y la firma Hotesur -dueña del hotel Alto Calafate y otros-. contraAstagneto es exfuncionario de Alicia Kirchner en el ministerio de Desarrollo Social, y hombre de máxima confianza de la vicepresidenta.

La finalidad de la medida es “garantizar la conservación del patrimonio” de este conjunto de empresas propiedad de la familia Kirchner.

Con la veeduría en cabeza de los contadores Ariel Canteros y Gerardo Paludi, la AFIP deberá resguardar que los bienes que componen este junto de firmas “no sufrirá deterioro”.

Los también dinero movimientos son un punto central de la veeduría. La Corte indica que los contadores deben «comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero a crédito con la sociedad o adelantos o retiros de la caja chica, y hacer saber a esta judicatura toda irregulidad que adviertan en la administración”.

Hace dos años, previo a que los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg firmaron el sobreseimiento sin juicio oral, decidieron devolver a los Kirchner la administración de sus compañías y bienes, que se encontraron intervenidos bajo sospecha de ser usados ​​para maniobras de blanqueo.

Sin embargo, aquella restitución de la administración trajo aparejada la veeduría del fisco, que el pasado 6 de abril se renovó por un año más.

Lo que reste por delante es conocer el voto de la jueza Ana María Figueroa -integrante de la Sala I de Casación- que debe resolver si Cristina, Máximo y Florencia Kirchner (junto a otros trece imputados) afrontarán el juicio oral o no. Sus pares, los magistrados Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, ya emitió su voto dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.

Jueza Figueroa viajó al Vaticano para participar en un encuentro de magistrados y ex magistrados, del que participó Eugenio Zaffaroni y donde se hablo del lawfare como «método de adoctrinamiento» de la política por parte de la justicia. Una visión que coincide con la tesis principal de la defensa del vicepresidente y todos los expedientes judiciales por los casos de corrupción que confrontó en Comodoro Py.

La acusación con la que se envió a Cristina Kirchner ya sus hijos a juicio oral sostiene que a con su empresa Hotesur «recibieron dinero de Lázaro Báez», a través de la negociación hotelera «bajo cierta apariencia de legitimidad», lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco «ocultando su verdadero origen» supuestamente ilícito.

El 54% de los ingresos de Hotesur provinieron de Austral Construcciones, a través de préstamos y contrataciones, como fondos que giraba la empresa a Valle Mitre (de Báez), utilizados para administrar el hotel Alto Calafate.

una empresa sin giro comercial

Desde que en 2017 quedó intervenida la empresa, y hasta 2021, después de quedar acéfala tras la falta de designación de autoridades ante la Inspección General de Justicia (IGJ) algo quedó expuesto por parte del administrador judicial: el giro comercial de Hotesur era inviable.

En su acusación judicial, el fiscal Gerardo Pollicita señaló: «desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idénticos fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad». Y remarcó que «nunca tuvo una finalidad comercial», sino sólo ser utilizado como «pantallas» para operaciones de blanqueo.

Críticos en la AFIP

Cuando decidió que sea la AFIP el organismo que controlase los movimientos de fondos una vez a levantada la intervención, hubo una oposición por parte del fiscal Diego Velasco, el mismo que sostuvo que debe realizar el juicio oral. A su criterio, dicha tarea debe estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Para fundamentar su posición, dijo que se trata de «un ente de rango constitucional, autónomo, con personería jurídica propia, independencia funcional y autarquía, especializado justamente en la función de auditoría, más específico e imbuido de imparcialidad qu’implica no sólo su naturaleza jurídica, sino también su integración con la mayoría a carga de la oposición, pero también con representación de otras fuerzas políticas».

El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que no debe perderse de vista que esta causa “tiene como bien jurídico principal el orden económico y financiero y así, si bien se trata de firms que no son públicos (lo que ameritaría la designación directa de la AGN), no es menos cierto que existe desde parte del Estado de una expectativa de sanción de decomiso sobre las mismas, por lo que deviene entonces clara la necesidad de contar con esas organizaciones y no con la AFIP”, insistió.

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