El grupo jurídico encabezado por la abogada Odila Castillo publicó un firme comunicado el martes 1 de octubre, desmintiendo las alegaciones que han circulado recientemente en varios medios de comunicación en Panamá.
La defensa consideró estas divulgaciones como agresiones intencionadas, impulsadas por intereses económicos específicos y concebidas con el propósito de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que no hay base y que se han infringido derechos
Carlos Carrillo, integrante del equipo jurídico de Castillo, afirmó que las acusaciones son infundadas y pretenden obstaculizar la trayectoria de la joven abogada y su socia. Destacó que tras estos asaltos se encuentran intereses económicos subyacentes que buscan aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa destacó que este no es el primer asalto mediático que sufre la abogada. Rememoraron un episodio similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta detención de Castillo, noticia que fue rectificada posteriormente.
Medias verdades y quebrantamiento de la confidencialidad
De acuerdo con el grupo jurídico, las denuncias tanto actuales como las de 2021 se fundamentan en «información incompleta», alteradas con el propósito de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Adicionalmente, señalaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que una parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha sido cerrado.
Asimismo, se hicieron públicos datos delicados, como registros migratorios y declaraciones tributarias, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Seguimiento ilegítimo y procedimientos legales en marcha
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que representa una clara infracción a su privacidad y un tipo de vigilancia ilegal. Carrillo aseguró que se han transgredido los derechos fundamentales de su representada, protegidos por la Constitución y las leyes panameñas.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales requeridas para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes son responsables de esta campaña de desprestigio.
