Para dar compromisos a los interlocutores sociales y comenzar a pasar la página de la reforma de las pensiones, el gobierno cuenta con el tema del valor compartido. Ya está previsto que el acuerdo interprofesional nacional (ANI), concluido en febrero entre las organizaciones patronales y los sindicatos -con excepción de la CGT-, se transcriba fielmente en ley próximamente. El ejecutivo también podrá basarse en el informe parlamentario de la misión de investigación sobre el valor compartido presentado por los parlamentarios Louis Margueritte (Renacimiento, Saône-et-Loire) y Eva Sas (Europa Ecologie-Les Verts, París) miércoles, abril 12

El acuerdo firmado por los agentes sociales pretende generalizar los sistemas existentes obligando a las empresas de 11 a 49 personas a poner en marcha un mecanismo “valor legal compartido” (participación, incentivo pero también bonificación de reparto de valor) si generan, durante tres años consecutivos, un beneficio significativo, al menos igual al 1% de su facturación. En cuanto a las empresas de al menos cincuenta empleados, habrá que abrir discusiones para “mejor tener en cuenta resultados excepcionales” hecho en Francia. Una medida que debe responder, en parte, al debate que desde hace meses agita a la sociedad sobre los superbeneficios.

Efectos extraordinarios sobre los salarios

los reporteros “que requieren transcripción legislativa” de la ANI, que “es una prueba de que el diálogo social funciona en Francia”. Sin embargo, consideraron necesario completarlo. “La ANI se motivó colectivamente y este es un acuerdo histórico”, recordó Louis Margueritte durante la presentación del informe a la prensa, al tiempo que evocó caminos para ir más allá. El informe recomienda adelantar un año la fecha prevista de aplicación, hasta el 1oh enero de 2024. “Poner en vigor este mecanismo el 1oh Enero de 2025, teniendo en cuenta las cifras que incluyen 2024, supondría un primer pago en el transcurso del año 2025, es decir, en plazos insatisfactorios en relación con la urgencia del poder adquisitivo”, escriben los autores. Además de este afán de ir más rápido, a los dos ponentes les preocupa la inexistencia de una obligación de fijar una cantidad mínima a repartir entre los empleados. “Un líder empresarial podría así satisfacer esta obligación distribuyendo un PPV [prime de partage de la valeur] de 1 euro »ellos señalan.

El trabajo de la misión de investigación indica que el número de empresas afectadas por la nueva obligación de la ANI “podría ser relativamente pequeño”. Según estimaciones de los servicios del Ministerio de Trabajo sobre datos de 2020, “un máximo de 16.750 empresas, de las 130.000 empresas de entre 11 y 50 trabajadores, podrían verse afectadas por esta nueva obligación, es decir, entre 180.000 y 840.000 trabajadores”. Tomando cifras de antes de la crisis sanitaria, 67.000 empresas habrían cumplido los criterios durante tres años consecutivos, «que representa aproximadamente 1,5 millones de equivalentes a tiempo completo».

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