Costa Rica representa un símbolo global del ecoturismo, y su rica biodiversidad junto con sus zonas protegidas y sus políticas ambientales han transformado al país en un polo de atracción tanto para viajeros como para inversionistas interesados en generar impacto ambiental y social además de obtener rentabilidad. La estrategia que ha permitido captar capital de impacto sin caer en una expansión constructiva desmedida ha consistido en articular instrumentos financieros, marcos regulatorios ambientales, participación de la gobernanza local y modelos turísticos centrados en experiencias a escala humana.
Panorama económico y medioambiental
- Importancia del turismo: Antes de la pandemia, Costa Rica recibía más de tres millones de viajeros internacionales por año; este sector genera una fracción significativa del empleo y del PIB, con cálculos prudentes que sitúan su contribución directa entre 8% y 10% del PIB, y hasta 20% al incluir impactos indirectos.
- Recuperación y demanda actual: Tras la pandemia de COVID-19, la afluencia turística se reactivó de manera gradual, impulsada por el creciente interés en actividades vinculadas con la naturaleza, la conservación y el bienestar, lo que posiciona mejor a los proyectos sostenibles frente al turismo masivo.
- Recursos naturales: El país revirtió la disminución de sus bosques y hoy conserva más de la mitad del territorio con cobertura forestal, sustentado en políticas públicas y esquemas de pago por servicios ambientales, lo cual constituye un recurso esencial para ofertas turísticas de alto valor.
Mecanismos que impulsan la captación de capital de impacto
- Pagos por servicios ambientales (PSA): Gestionados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), los PSA fomentan la protección ambiental y proporcionan ingresos a propietarios privados y comunidades. Dichos recursos fortalecen la sostenibilidad financiera de proyectos turísticos que preservan ecosistemas y atraen a inversores enfocados en resultados ambientales.
- Certificación y credenciales: La Certificación para el Turismo Sostenible (CST) del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) junto con otros distintivos ecológicos aporta mayor seguridad a los inversores. Las empresas acreditadas exhiben métricas verificables de impacto, lo que disminuye la percepción de riesgo para el capital de impacto.
- Instrumentos financieros verdes: Bonos verdes, líneas de crédito verdes y financiamiento concesional de entidades multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial) respaldan infraestructura con baja huella ambiental, mejor eficiencia energética y mayor resiliencia climática en alojamientos y destinos.
- Proyectos REDD+ y mercados de carbono: Las acciones de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+) y la comercialización de bonos de carbono permiten a los proyectos turísticos mitigar su huella y generar ingresos complementarios, facilitando inversiones orientadas a conservación y desarrollo comunitario.
- Fondos de impacto y capital paciente: Fondos enfocados en turismo sostenible y conservación buscan retornos financieros moderados junto con un impacto social y ambiental significativo; por ello suelen inclinarse por modelos empresariales de pequeña escala y con capacidad de replicarse.
Maneras de prevenir la construcción excesiva
- Planificación y zonificación estricta: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y los planes municipales establecen límites de uso en corredores biológicos y áreas protegidas. La zonificación ecológica evita desarrollos a gran escala en zonas sensibles.
- Cupos y control de visitas: Reservas y algunos parques nacionales aplican cupos diarios y sistemas de reservas para evitar la saturación de senderos y playas, manteniendo la calidad de la experiencia y protegiendo los ecosistemas.
- Modelos de alojamiento de baja densidad: Los inversionistas de impacto prefieren ecolodges y proyectos con huella física reducida, construcción con materiales locales, manejo de aguas y energías renovables, en lugar de grandes complejos hoteleros.
- Participación comunitaria: El turismo comunitario y las alianzas con poblaciones locales distribuyen beneficios y reducen la presión por desarrollos masivos. Comunidades que gestionan alojamientos y guías locales actúan como guardianes del territorio.
- Mecanismos financieros condicionados: Muchos fondos de impacto colocan condiciones ambientales y límites de capacidad en sus contratos, vinculando desembolsos a metas de conservación y normas de construcción sostenible.
Situaciones y ejemplos ilustrativos
- Reserva biológica y alojamiento comunitario en la Península de Osa: Propuestas que integran protección forestal, producción de créditos de carbono y pequeños hospedajes han recibido inversión de impacto para adquirir terrenos, recuperar corredores y formar a la fuerza laboral local. Esto ha permitido ampliar la conservación y el empleo sin recurrir a grandes infraestructuras.
- Modelo de micro-ecolodges en Monteverde: Proyectos familiares que lograron certificaciones y acceso a microcréditos verdes crecieron en cantidad pero no en tamaño por decisión estratégica, conservando el entorno y ofreciendo una experiencia turística de baja densidad.
- Programa de pagos por servicios ambientales en cuencas turísticas: Gobiernos locales con actividad turística basada en la naturaleza dedican parte de los ingresos del sector a PSA para resguardar nacientes y bosques, asegurando la provisión de agua y el paisaje de calidad que atrae a los viajeros.
Prácticas recomendadas para armonizar la inversión con la conservación
- Medición de impactos: Establecer métricas ambientales y sociales claras (p. ej., hectáreas conservadas, empleo local, reducción de emisiones) facilita la atracción de capital de impacto y la rendición de cuentas.
- Diseño por fases y escalabilidad controlada: Implementar proyectos en etapas permite ajustar la oferta a la capacidad del destino, evitando sobrecapacidad y aprendiendo de la respuesta ecológica y social.
- Financiamiento híbrido: Mezclar donaciones, financiamiento concesional y capital privado reduce la presión por rendimientos rápidos y favorece inversiones a largo plazo en conservación y comunidad.
- Educación y gobernanza local: Capacitar a comunidades y empoderar gobiernos locales para regular y beneficiarse del turismo es esencial para mantener límites al crecimiento físico.
- Integración regional: Planes de desarrollo turístico deben articularse con estrategias de conservación regional para distribuir flujos turísticos y evitar concentraciones en puntos vulnerables.
Retos que aún perduran
- Presión de inversión tradicional: Algunos participantes aún priorizan iniciativas de gran escala que aparentan ofrecer ganancias rápidas, aunque incrementan la carga ambiental y social.
- Capacidad institucional desigual: No todos los municipios cuentan con los recursos técnicos o financieros necesarios para administrar la llegada de capital y establecer restricciones eficaces.
- Medición y transparencia: Se requiere adoptar estándares más rigurosos y disponer de datos comparables sobre el impacto ambiental y social con el fin de prevenir el «lavado verde» o compromisos que no se cumplen.
Directrices y sugerencias para el porvenir
- Fortalecer incentivos para conservación privada: Expandir esquemas como los PSA y articularlos con mecanismos de mercado de carbono para crear flujos financieros sostenibles a favor de la conservación.
- Reglas claras para financiamiento de proyectos turísticos: Condicionar acceso a créditos y bonos verdes a planes de capacidad de carga, gestión de residuos, uso de agua y participación comunitaria.
- Apoyar cadenas de valor locales: Promover que el gasto turístico beneficie proveedores locales y herramientas de impacto que prioricen empleo local y mejora de servicios básicos.
- Promover instrumentos de seguro y resiliencia: Diseñar productos financieros que aumenten la resistencia de pequeños emprendimientos ante shocks climáticos o económicos, reduciendo la atracción por desarrollos de alto riesgo y gran escala.
La experiencia costarricense muestra que es posible atraer capital de impacto cuando las inversiones están alineadas con metas claras de conservación, equidad y calidad turística. La combinación de incentivos públicos (pagos por servicios ambientales, certificaciones, zonificación), financiamiento innovador (bonos verdes, mezclas concesionales) y modelos de negocio de baja huella física permite que el país potencie su ventaja natural sin sucumbir a la sobreconstrucción. Mantener esa trayectoria exige vigilancia, transparencia, y un compromiso continuo entre inversores, comunidades y autoridades para que el valor económico del turismo dependa cada vez más de la integridad ecológica y social del territorio.
