El comienzo habrá sido laborioso pero el movimiento para instalar estaciones de carga en viviendas colectivas ahora parece estar bajo tensión. Según Avere-France (Asociación Nacional para el Desarrollo de la Movilidad Eléctrica), el número de terminales de carga instalados en condominios en 2022 se ha triplicado en comparación con 2021.
Mientras se acaba de superar el hito de las 100.000 terminales en la vía pública y el parque de vehículos electrificados (1,27 millones de coches, 805.000 de los cuales son 100% eléctricos) sigue creciendo, el grado de equipamiento de los edificios sigue siendo, sin embargo, muy marginal. A mediados de 2023, hay 18.700 plazas equipadas con terminal (incluidas 8.700 instaladas en 2022) de un total de más de 6,5 millones de plazas de aparcamiento en edificios clasificadas por el INSEE.
Si estamos interesados en aparcamientos que han sido preequipados y por lo tanto susceptibles de ser rápidamente equipados con terminales, la valoración parece más recomendable. La Asociación Francesa de Operadores de Carga (AFOR) afirma haber instalado infraestructura para un total de 1,5 millones de plazas de aparcamiento, o casi una cuarta parte de las plazas existentes.
Muchas subvenciones
Imprescindible para la distribución del vehículo eléctrico -los usuarios hacen el 85% de su recarga en casa a un precio muy inferior al de las estaciones de carga públicas-, equipar las residencias es una actividad fuertemente subvencionada que proporciona ingresos a largo plazo a sus gestores.
Para hacerse un hueco en este mercado tan rentable, cuyas perspectivas son considerables dado el fin de las ventas de coches térmicos en 2035, primero hay que convencer a los copropietarios. Poner en marcha un proyecto de equipamiento de un aparcamiento privado ya no es una carrera de obstáculos, sino una operación automovilística compleja que puede ser objeto de múltiples opciones.
Desde 2014 se ha introducido un derecho de aprovechamiento, que permite a un residente hacer instalar un equipo a su cargo sin que la copropiedad pueda oponerse. “salvo que exista un motivo grave y legítimo” según el Código de Construcción y Vivienda, pero esta opción sigue siendo costosa y limitada a casos específicos. Para asegurar su crecimiento, la carga eléctrica en los edificios se apoya en primer lugar en procesos colectivos cuyo principal activo es suavizar la inversión necesaria.
En primer lugar, los copropietarios deberán decidir por mayoría simple de votos en junta general sobre la financiación de una infraestructura eléctrica que permitirá la instalación de terminales de recarga. Avere-France subvenciona hasta el 50% de estos gastos de conexión a la red (hasta un límite de 960 euros por usuario).
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