jReyes de distintas temporalidades compiten en el escenario político aún marcado por el conflicto por la reforma de las pensiones. El primero, impulsado por el presidente de la República, Emmanuel Macron, pretende conjurar la amenaza de estancamiento que envuelve al ejecutivo tras cuatro meses de tensiones políticas y sociales.
Ignorando las vicisitudes ambientales, se vuelve completamente hacia el futuro. Al bifurcar sus temas favoritos -política de abastecimiento, reindustrialización del país, pleno empleo, impuestos más bajos-, adaptándolos a un objetivo prioritario, la clase media, categoría en la que caen muchos franceses, el Jefe de Estado se comporta como si volvían a estar en campaña electoral con la misión de proyectar a los franceses hacia un futuro mejor.
La segunda temporalidad es la de la Primera Ministra, Elisabeth Borne, quien, al mismo nivel en la vida cotidiana, debe asegurar la reducción del discurso presidencial en un ambiente hostil. La difícil reanudación del contacto con los sindicatos, martes 16 y miércoles 17 de mayo, muestra toda la dificultad de la tarea: contando con el estado de debilidad del gobierno, la intersindical soñaba con imponer en sus condiciones la reanudación del diálogo social. en destacar en particular la condicionalidad de las ayudas a las empresas según su política salarial y medioambiental. El discurso presidencial, más socialliberal que socialdemócrata, suena a un final de inadmisibilidad. Depende de Elisabeth Borne administrar.
La tercera temporalidad es la de la izquierda, que sigue enfrascada en el conflicto de las pensiones, actuando como si aún existiera la posibilidad de derrotar la reforma que, sin embargo, parece cosa del pasado, pues fue promulgada el 15 de abril tras una validación parcial. por el Consejo Constitucional. Mientras todo se agita a su alrededor, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) sigue bloqueada en el plazo del 8 de junio, día de examen del proyecto de ley presentado por el grupo Libertés, Indépendants, Ultramar y Territorios (LIOT) tendiente a derogar la reforma.
El texto no tiene posibilidades de éxito, por falta de mayoría en el Senado, pero las condiciones para su examen en la Asamblea Nacional constituyen un tema político al que se aferra para proseguir una batalla que ha tenido la ventaja de mantenerlo unido: el gobierno tiene la opción entre dar rienda suelta a la discusión, con el riesgo de ser derrotado en el momento de la votación, o bloquear el debate al juzgar inconstitucional un texto de origen parlamentario que tiene como efecto eliminar 18.000 millones de euros de recursos . Es en esta dirección que se dirige el Primer Ministro, dedicado al ingrato papel de pararrayos para el Jefe de Estado.
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