El Gobierno y la oposición argumentar este miércoles sobre la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente la violenta protestó en Jujuy contra la reforma constitucional que “prohibe los cortes de ruta y las tomas de edificios públicos”.
Mientras el presidente Alberto Fernandez se apoyó en un comunicado de esas organizaciones para cuestionar al gobernador de JujuyGerardo Morales, desde Juntos por el Cambio critica la forma en que asumió su cargo.
“La CIDH llama al Estado ha respetado el derecho a la libertad de expresión, las normas interamericanas del uso de la fuerzaya llevó a cabo un proceso de diálogo efectivo», dice el comunicado emitido este martes por esa organización histórica que pertenece al ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH hizo en 1978 una histórica visita a la Argentina durante la dictadura para documentar las primeras denuncias sober los desparecidos y está integrado por asiento de miembros independientes que sa elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia. Trata de Roberta Clarke, Joel Hernández García, Margarette May Macaulay, Julissa Mantilla Falcón, Edgar Stuardo Ralón Orellana, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Carlos Bernal Pulido.
La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich dice que la CIDH “sostiene una injerencia sobre un tema que no conoce por no haber venido al territorio«. Y agregó que «hemos tenido casos sobre pronunciamiento de la CIDH pensada desde una mirada parcial y con prejuicios al tomar decisiones«.
Luego, la exministra de Seguridad dijo que la CIDH “seempre actúa en Argentina en contra de los derechos humanos. A ese los derechos humanos violentos son los derechos de los ciudadanos jujeñosque votaron una constitución y aceptaron una Constitución y la ponen en práctica».
En ese sentido, remarcó que “nuestra llama la atención que frente a un crimen del poder, como lo que sentido ocurre en Chaco, la CIDH no ha hecho nada. Yo porque tiene la cancha inclinada».
Por su parte, el otro precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta calificó como «irresponsable lo enunciado por la CIDH, por no estar informada» sobre la situación ocurrida en Jujuy.
El ex Subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del gobierno por Mauricio Macri, Brian Schapira, dijo a Clarín que “respete y valore el rol de la CIDH en la región, y el señalamiento permanente y valioso trabajo que realiza contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y los gobiernos con serios tintes autocráticos en ascenso como el de El Salvador”.
Pero “lamentablemente, en el caso de Jujuy la CIDH se tomarán después de haber sido comunicada con información totalmente faltante, limitada, incompleta, parcial y sin verificación”, subrayó.
Como lo dice el propio comunicado de la CIDH, «su fuente han sido los Mecanismos Provinciales contra la Tortura y la Defensoría del Niñoque sus órganos autárticos integrados casi totalmente (salvo pocas excepciones) por personas de ONG absolutamente ligadas al kirchnerismo. Incluso también el comunicado cita como fuente una noticia de la agencia oficial de noticias Telam”, puntualizó.
Estas organizaciones de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, que “tuvieron un prestigio histórico en nuestro país, pero que hace tiempo su integridad y abiertamente apunta al kirchnerismo, aún mantiene una capacidad de influencia significativa en el ámbito de la CIDH”, agregado.
El organismo «parce no estar al tanto de estos alineamientos internos y de la clara intencionalidad política de estas organizaciones. La CIDH debió ser mas cauta y recoger más información sobre los hechos verdaderamente ocurridos en Jujuy”, subrayó Schapira.
«La intencion politica de estas organizaciones, queda demostrada en el hecho de que ninguna de ellas se pronuncia han, ni mucho menos han denunciado ningún mecanismo de protección internacional lo que está ocurriendo en el Chaco”, opinó.
¿Puede la desaparición de Cecilia Strzyzowski, “cuanto menos roza la figura «desaparicion forzada” según la Convención de la ONU en la materia y según la propia declaración interpretativa del Comité contra las Desapariciones Forzadas de ONU en cuanto a la figura de la “aquiescencia” estatal para investigador este tipo de casos; de esta manera es clara y directamente involucrada una organización paraestatal con estrechos vínculos con el propio gobernador y todo el poder político chaqueño”.
La posición de Alberto Fernández
En cambio, el Presidente Alberto Fernández citó el comunicado de la CIDH explicado allí que “según la información recibida, se planta que esta reforma constitucional no habria cumplido con la debida consultado a los pueblos indigenasde acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales».
Siempre que Amnistía Internacional, el presidente refirió que estas organizaciones observaron que «avanzar con una reforma de estas características inevitablemente conducirá a su inmediata impugnación en sede legal, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo eso comprometida la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos”.
Grabó que la Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó que “Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promotor el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen los estándares internacionales de DDHH».
«Respetamos el federalismo y la autonomía de las provincias, pero de no cesar los hechos de represión iniciar las acciones legales y acciones legislativas necesarias para garantizar los recursos humanos en la provincia de Jujuy“, advierte el agente.
Por esos motivos, el presidente confirmó qu’envió en Jujuy funciona la secretaría del DDHH, encabezada por Horacio Pietragalla, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Ante la presentación de un hábeas corpus por parte de Pietragalla, el juez de Jujuy Jorge Zurueta solicitó a la Policía de esa provincia «abstenerse de hacer a uso desmedido de la fuerzaLos contramanifestantes recomendaron la «realización de una instancia de mediación con todas las partes en conflicto».
En el texto también consta que desde «la gran cantidad denuncias por violencia institucional en Jujuy», el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, envió una tarjeta a Morales, expresando su preocupación por la situación en la provincia.
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