El director general de Impuestos del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, estima que los ingresos por nuevos impuestos medioambientales podrían alcanzar los 12 millones de euros, teniendo en cuenta 8,5 millones para parques eólicos y 3 millones para parques fotovoltaicos. Esto representa una reducción de los 20 millones estimados originalmente.
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Pozuelo destacó que pese al descenso de las expectativas recaudatorias, no se esperan “consecuencias preocupantes” por el buen desarrollo de otros impuestos como el patrimonio y el de sucesiones. La continua buena actividad inmobiliaria podría compensar la pérdida de beneficios.
La falta de información a la hora de calcular las cifras iniciales provocó retrasos en la implementación de los nuevos impuestos y cambios regulatorios. Pozuelo destacó la importancia de contar con datos precisos sobre las dimensiones de las instalaciones para una adecuada regulación.
Plazos y previsiones
Se espera que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque se han perdido meses de recaudación. Para el próximo año se estima que los ingresos totales por impuestos medioambientales podrían ascender a hasta 22 millones de euros.
Reacciones políticas
PSOE
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían suponer una pérdida de ingresos, recordando que el impacto medioambiental debería compensar las reducciones de otros impuestos.
VOX
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley y afirmó que no se respetaría el acuerdo alcanzado con el PSOE, lo que obstaculizaría la expansión de las energías renovables.
Aragón-Teruel existe
María Pilar Buj lamentó que la ley no tuviera suficientemente en cuenta el impacto ambiental y criticó que quienes más contaminan no pagan lo suficiente.
Otros grupos
José Luis Soro destacó la importancia de los incentivos al desarrollo sostenible en el ámbito de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) preguntó por las previsiones de futuro, especialmente en proyectos como Maestrazgo, que pueden no estar gravados adecuadamente.
La planeada recaudación e introducción de nuevos impuestos ambientales en Aragón ha provocado un intenso debate político, reflejando preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de ingresos fiscales. Las diferentes posiciones ponen de relieve la complejidad de gestionar la transición hacia las energías limpias en el contexto de la legislación fiscal.
